Editorial, por Alex Wagemann: «El desequilibrio en la distribución de riesgos: un cuello de botella en la infraestructura chilena»
Desequilibrio en la distribución de riesgos: un cuello de botella en la infraestructura chilena
Por: Alex Wagemann, socio director de WL Experts & Advisors.Las recientes declaraciones del ministro de Obras Públicas sobre la caída en el número de oferentes (1,7 por licitación en concesiones) no debieran leerse como un dato coyuntural, sino como una señal estructural. Cuando el mercado deja de competir, el problema rara vez radica en la falta de proyectos, sino en la forma en que se distribuyen los riesgos.
Chile posee una reputación sólida en infraestructura. Sin embargo, hoy enfrenta el desafío de ajustar sus modelos contractuales a una realidad donde el riesgo ya no es sólo técnico, sino también regulatorio, financiero y operativo. Y aquí es donde conviene distinguir dos mundos que suelen erróneamente analizarse como uno solo: concesiones y contratos de obra pública tradicional.
En el modelo de concesiones, el negocio cuenta con dos variables críticas: la permisología y el flujo de caja. Proyectos aeroportuarios han evidenciado cómo los retrasos en autorizaciones, cambios regulatorios o incertidumbre en ingresos proyectados pueden tensionar el equilibrio económico del contrato. No es casualidad que varias de estas controversias hayan terminado en el Panel Técnico de Concesiones. El concesionario asume riesgos que no controla y, cuando estos se materializan, el sistema requiere mecanismos ágiles de corrección.
En contraste, en los contratos de obra pública el problema es distinto, pero igualmente crítico. Aquí la distribución de riesgos tiende a ser inequitativa desde el origen. El Estado mantiene facultades exorbitantes en lo sustantivo, mientras que el contratista asume riesgos amplios con escaso margen de gestión. A ello se suma otro factor: la incapacidad de ejecución presupuestaria. Pagos tardíos, reasignaciones y restricciones fiscales terminan trasladando al contratista riesgos financieros que no le corresponden. El resultado es predecible: menor interés en participar y mayores controversias durante la ejecución.
Pretender abordar ambos problemas con una misma lógica sería un error. Sus cuellos de botella son distintos y, por tanto, requieren soluciones diferenciadas.
En concesiones, el foco debiera estar en reducir la incertidumbre regulatoria y mejorar la previsibilidad de los flujos. Esto implica fortalecer la coordinación institucional en permisos, establecer reglas más claras para la revisión de ingresos e introducir mecanismos preventivos que permitan ajustes oportunos sin escalar el conflicto.
En obra pública, en cambio, el desafío es reequilibrar la relación contractual. No se trata de debilitar las garantías del Estado, sino de distribuir los riesgos de manera más racional. Un contratista no puede gestionar aquello que no controla. Si el sistema insiste en trasladarle esos riesgos, la consecuencia seguirá siendo la misma: menos competencia y mayores costos finales para el Estado.
Aquí surge una oportunidad evidente: incorporar en los contratos de obra pública algunas de las mejores prácticas del sistema de concesiones. En particular, mecanismos de resolución temprana de controversias ¿Por qué no extender el modelo del Panel Técnico, o una figura equivalente, a los contratos tradicionales? La experiencia comparada muestra que los dispute boards reducen significativamente los tiempos y costos de los conflictos, evitando su escalamiento a arbitrajes largos y costosos.
Chile no necesita reinventar su modelo, pero sí actualizarlo. Mejorar la distribución de riesgos no es una concesión al sector privado; es una condición para atraer competencia, eficiencia y calidad en la ejecución. Si se logra ese equilibrio, manteniendo el control estatal pero eliminando arbitrariedades, el país no sólo recuperará el interés de los oferentes, sino que fortalecerá su capacidad de desarrollar infraestructura de manera sostenible.
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