Columna de Alex Wagemann sobre la implementación de los Dispute Boards en proyectos en Chile

Columna de Alex Wagemann sobre la implementación de los Dispute Boards en proyectos en Chile

Sobre la implementación de los Dispute Boards en Chile

Por: Alex Wagemann, socio fundador de WL Experts & Advisors.

Durante cerca de dos años, participé activamente en una comisión con especialistas del sector público y privado destinada a concretar la incorporación de los Dispute Boards —denominados en esa instancia “Paneles Técnicos de Acompañamiento”— al Reglamento de Contratación de Obras Públicas (RCOP) de Chile. El objetivo era claro: dotar al sistema contractual del país de un mecanismo moderno para prevenir y atender disputas en proyectos de infraestructura, con un equipo multidisciplinario y experto que acompañaría a las partes desde el inicio. Sin embargo, a cuatro años de esa propuesta, el proyecto de reforma sigue guardado en el cajón de algún escritorio.

Desde entonces, algunas experiencias aisladas han surgido en el sector privado, con contratistas y mandantes que han entendido el valor de prevenir los conflictos antes de que escalen a arbitrajes o litigios prolongados. Incluso la propia Ministra de Obras Públicas ha reconocido públicamente la necesidad de contar con métodos alternativos de resolución preventiva de conflictos. No obstante, esas declaraciones no se han traducido en una política efectiva ni en reformas normativas que permitan hacer de los Dispute Boards una práctica en contratos de obra pública.

El contraste con la experiencia internacional es evidente; los Dispute Boards son un estándar en consolidación a nivel global. En países de la región como Brasil, Costa Rica y Perú, e incluso Colombia con sus “amigables componedores”, estos mecanismos ya forman parte de la gestión contractual.

Chile, por su parte, cuenta sin embargo con un referente cercano: el Panel Técnico de Concesiones. Este organismo ha demostrado que, cuando existe voluntad institucional, es posible implementar sistemas de resolución temprana de controversias que generen certeza para el Estado, los concesionarios y, en última instancia, los usuarios.

La resistencia a implementar los Dispute Boards en la contratación pública parece estar más ligada a factores culturales que a limitaciones técnicas o jurídicas. La tradición chilena, fuertemente legalista, privilegia resolver las diferencias en instancias judiciales o arbitrales, aunque ello suponga años de litigio y altos costos para las partes y el país. Pero a esta altura, ya no existen mayores motivos para seguir esperando: la figura de los Dispute Boards es conocida, sus beneficios están comprobados, y el marco de referencia internacional y local facilita su incorporación. Lo que falta, en definitiva, es voluntad política para avanzar en la modernización del sistema de contratación pública.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, sería esperable que los equipos económicos y programáticos de los distintos candidatos consideren esta herramienta dentro de sus propuestas de infraestructura. Los Dispute Boards no sólo previenen litigios costosos, sino que también generan confianza entre las partes, permitiendo que los proyectos avancen sin interrupciones y, en consecuencia, se entreguen obras a tiempo y dentro de presupuesto. Incorporarlos es, en consecuencia, una medida de eficiencia y de buena gestión pública que se alinea con los intereses del Estado, de los contratistas y de la ciudadanía.

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