«Contratos estandarizados»: columna de Fernando Landeros sobre el exitoso caso peruano en la gestión de obra pública


Contratos estandarizados en el Perú: lecciones para una gestión más eficiente y moderna de la obra pública

Por: Fernando Landeros, director de WL Experts & Advisors

La incorporación de Contratos Estandarizados en el Perú, que ha tenido lugar en los últimos años, ha hecho que la gestión de los contratos de construcción tradicional se adapte a una serie de prácticas, métodos y procedimientos propios de la escena internacional -caracterizada por una fuerte influencia anglosajona- cuestión que resulta, en muchos casos, novedosa para la región.

Conceptos como alertas tempranas (Early Warning), incentivos (Bonus for early completion), indicadores (Key performance indicators), penalidades (Delay damages), cronogramas actualizados (update programme) o juntas de resolución de disputas (Dispute Boards), entre otros, se han vuelto habituales, formando parte del léxico y estándar de la industria del país.

Se trata de la adopción de ideas probadas en otras partes del mundo que buscan que los proyectos se ejecuten dentro de los costos y plazos previstos.

Sin embargo, el uso de estos contratos no garantiza, per se, que las obras no estén afectas a sufrir impactos o demoras. Ejemplos hay de sobre, sobre todo cuando se trata de proyectos ejecutados en Latinoamérica, donde los riesgos que se deben enfrentar son muy variados. Pese a ello, estos modelos propician condiciones más favorables para que estas afecciones puedan conducirse con una mayor agilidad en comparación con los mecanismos tradicionales.

En esa línea, una de las importaciones más relevantes ha sido el uso del cronograma de obra como una “herramienta viva” que refleja la realidad de la obra en forma constante permitiendo conocer, en cada momento del proyecto, el pronóstico más probable de término. Nos referimos al cronograma actualizado (update programme) que otorga a las Partes información valiosa para la toma de decisiones.

Si comparamos lo anterior con el estándar habitual de contratación del Estado en muchos países de Latinoamérica, veremos diferencias notables. En general, se observa que, en materia de obra pública, bajo esquemas de contratación tradicional, no se utilizan las actualizaciones de cronograma y, en cambio, se utiliza únicamente el cronograma previsto al inicio el cual actuará como una “línea base” estática y congelada que se utilizará exclusivamente como parámetro de comparación del desempeño del Contratista.

La falta de cronogramas actualizados en estos proyectos limita la información que las partes disponen y disminuye la capacidad de ejercer acciones, tanto del propietario como del contratista, para el logro de los plazos.

Desde la perspectiva de las empresas, las demoras en los proyectos implican sobrecostos y daños económicos importantes para ellas. Sin embargo, desde la perspectiva del Estado, la demora en la ejecución de la infraestructura pública no sólo genera mayores costos, sino que también una afectación social, por cuanto habrá una parte de la población que no podrá recibir prestaciones o servicios en forma oportuna.

Ello es particularmente sensible, por ejemplo en el caso de la infraestructura hospitalaria, cuyos retrasos en la ejecución de proyectos afectará directamente a personas que no podrán recibir sus prestaciones en forma oportuna.

En consecuencia, el cumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de la infraestructura pública se vuelve un asunto crítico y relevante. Frente a esto, los contratos estandarizados, en especial los implementados en el Perú, aportan prácticas que podrían ser replicadas en otras latitudes, en especial el uso de cronogramas actualizados, herramienta que entrega a las partes información valiosa para tomar acciones que permitan que las obras se terminen en las fechas acordadas.

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