Alex Wagemann: Restricción fiscal y modernización, los desafíos de Chile en infraestructura en 2026

Alex Wagemann: Restricción fiscal y modernización, los desafíos de Chile en infraestructura en 2026

Infraestructura 2026: entre la restricción fiscal y la oportunidad de modernización

Por: Alex Wagemann, socio director de WL Experts & Advisors.

El 2026 se perfila como un punto de inflexión para la infraestructura en Chile. No sólo por el cambio de ciclo político, sino también por la convergencia de decisiones presupuestarias, desafíos estructurales de ejecución y una discusión cada vez más abierta sobre el rol que deben jugar el Estado y los privados en la ejecución de infraestructura pública.

Durante el período reciente, el énfasis gubernamental estuvo puesto, de manera explícita, en desarrollar la inversión mediante ejecución directa del gasto público. En ese esfuerzo, y de forma quizá menos previsible desde una perspectiva ideológica, también se intentó volver a poner en valor los esquemas de asociación público-privada como un complemento necesario para abordar brechas relevantes en ciertos sectores estratégicos. Un caso interesante en tal sentido son las plantas desaladoras.

Sin embargo, más allá de las intenciones, persiste como problema estructural la histórica dificultad para ejecutar de manera eficiente el presupuesto de obras públicas. Esta brecha entre planificación y ejecución ha acompañado a distintos gobiernos y se ve hoy tensionada por un escenario fiscal más estrecho. En tal sentido, la reducción significativa del presupuesto de obra pública proyectada para 2026, en términos reales, refuerza la idea de que la inversión directa se situará por debajo de sus promedios históricos, limitando la capacidad del Estado para impulsar por sí solo nuevos proyectos de envergadura.

Este contexto abre naturalmente espacio a una mayor participación del sector privado en el financiamiento, desarrollo y operación de la infraestructura pública, más aún si se considera que el nuevo ciclo político ha manifestado, como uno de sus ejes, el compromiso de avanzar en una trayectoria de contención del gasto público y disciplina fiscal. En ese marco, las Asociaciones Público-Privadas dejan de ser sólo una alternativa y pasan a configurarse como un instrumento central de política pública.

Sin embargo, una pregunta relevante al respecto es cuánta inversión privada se movilizará y cómo este mayor protagonismo puede terminar influyendo en la forma en que se estructura y contrata la inversión pública. La coexistencia de modelos contractuales, estándares de asignación de riesgos y esquemas de gestión distintos plantea desafíos de coherencia institucional y de capacidad técnica que no deben ser subestimados.

Al mismo tiempo, este escenario ofrece una oportunidad. La eventual expansión del mundo de las Asociaciones Público-Privadas puede servir como plataforma para introducir sistemas de contratación más balanceados y modernos, que incorporen herramientas colaborativas, mecanismos de gestión temprana de controversias y enfoques preventivos de resolución de conflictos. Estos elementos ya han mostrado buenos resultados en otras jurisdicciones y pueden contribuir a mejorar la eficiencia, reducir la litigiosidad y fortalecer la confianza entre los distintos actores del sistema.

Mirando hacia 2026, el desafío no es menor. Se trata de compatibilizar restricciones fiscales con necesidades de inversión urgentes, mejorar capacidades de ejecución y, al mismo tiempo, modernizar las reglas del juego. Si se logra avanzar en esa dirección, 2026 puede marcar no solamente una transición política, sino también un punto de partida para una infraestructura más resiliente, eficiente y alineada con las demandas de desarrollo del país.